Hace unos días, las comunidades de Punta Bandera, en la costa nordeste de Puerto Rico, celebraron la victoria de una lucha que llevaban desde el año 2023. Ese año, un desarrollador de residencias lujosas, donante de la campaña de la actual gobernadora Jenniffer González, comenzó un proceso ilegal para deslindar un área protegida de humedales y de alto valor ecológico con el propósito de construir un complejo residencial y turístico en un sector altamente frecuentado por el pueblo por poseer una de las playas más hermosas de la isla.
Las comunidades, organizadas en Protege Punta Bandera, sometieron querellas en el Tribunal de Primera Instancia del municipio para impugnar la disposición del Departamento de Recursos Naturales que, rechazando su función de protección de los bienes del pueblo, optó por satisfacer al desarrollador corrupto, Azure Development, certificando el deslinde del área.
Sin embargo, pese a la presión ejercida por los desarrolladores y sus acólitos en el gobierno actual, el juez Carlos Sánchez Román del Tribunal de Primera Instancia, revocó el permiso de construcción.
Pero esta quizás sea una de las últimas victorias comunitarias en estas luchas.
Porque el pasado mayo, precisamente cumpliendo su función fascista y obediente a las posiciones anti pueblo de Trump, la gobernadora Jenniffer González firmó la Ley 82 del 2026. Esta ley, inconstitucional y perniciosa, impone a las personas, organizaciones y comunidades que quieran someter una querella en contra de estos proyectos de construcción, una fianza del 10 porciento del valor total del proyecto de construcción que quieren impugnar.
Esta es la situación de esta colonia que siguiendo los mandatos del imperio, el gobierno local va destruyéndola a pasos agigantados.
Pero no tendrán la palabra final, porque esa sí la tiene el pueblo en lucha.
Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Joubert-Ceci
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