Estos días el pueblo consciente de Puerto Rico ha estado pendiente del caso de un hermano migrante mexicano que ha vivido aquí por casi 30 años. Sandro “Juancho” González Domínguez. Él es co-dueño de una serie de restaurantes mexicanos que son muy populares.
El sábado 26 de septiembre, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como el ICE por sus siglas en inglés, se appostaron en las afueras de uno de los restaurantes, y tan pronto salió González Domíngez, lo arrestaron.
Cierto que no tenía papeles, pero su abogada había estado gestionando un ajuste de su estatus migratorio antes de que fuera detenido.
Y no sólo lo arrestaron, sino que lo enviaron a un centro de detención del ICE en Miami, a pesar de que un juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico había estipulado que no lo sacaran del país porque tenía bajo su jurisdicción un caso de Habeas Corpus presentado por el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles a favor de González.
Y aunque le otorgaron una fianza de $7,500, la cual sus familiares pagaron, aún se encuentra fuera de Puerto Rico.
Este caso es sólo uno de muchos que han sido provocados por la mezquindad de la gobernadora Jennifer González obedeciendo las órdenes de Trump sobre inmigración, ignorando sin embargo las leyes de Puerto Rico.
El año pasado, ella permitió que el Departamento de Transportación de PR le diera la información al ICE de todas la personas migrantes que tuvieran licencia de conducir aquí. Esto ha provocado desde entonces una oleada de redadas y arrestos de migrantes.
Pero también ha provocado enormes gestos de solidaridad por parte del pueblo boricua que ha tratado de proteger a nuestras hermanas y hermanos migrantes.
Porque creemos que ningún ser humano es ilegal, y que todas y todos tenemos el derecho a migrar.
Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló, Berta Joubert-Ceci.
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