Esta semana, el pueblo amaneció indignado ante la terrible noticia de que un envejeciente fue forzosamente removido de su apartamento en un residencial público. En ese apartamento, los atacantes intentaban establecer un centro de operaciones para llevar a cabo actividades ilícitas de trasiego de drogas.
Desgraciadamente, esta noticia no es un hecho aislado. En lo que va de este mes, la policía ya ha recuperado 185 apartamentos públicos que se estaban utilizando para ese fin.
La vivienda pública es un alivio para familias y envejecientes que no pueden costear los precios exorbitantes de venta o alquiler de casas o apartamentos regulares. Han sido espacios seguros para criar generaciones hasta que en la década de los 90, el gobernador Pedro Roselló, privatizó la compañía pública de vivienda. Desde entonces, con el proceso Neoliberal de desmantelar todos los servicios públicos esenciales, las administraciones de residenciales públicos han pasado a manos de compañías privadas que solo piensan en el lucro. Muchas de estas compañías han sido ejemplos de corrupción y malos manejos. Incluso involucrando a personas allegadas al mismísimo gobierno.
Un ejemplo reciente fue durante la pasada administración del gobernador Pedro Pierluisi, cuyos dos primos fueron arrestados y condenados por corrupción y robo de fondos públicos asignados a la vivienda pública. Sin fiscalización por parte del gobierno, estas compañías convierten un servicio esencial tan básico como la vivienda, el hogar para muchas familias, en antros de extracción de ganancias para sus bolsillos de buitres.
Y mientras tanto, hay 20,142 familias en una larga lista de espera por una vivienda pública segura y digna donde puedan criar a sus hijos e hijas en paz, atender a sus progenitores envejecientes, y poder contribuir con su trabajo a esta patria.
Pero eso no pasará mientras sigan las privatizaciones empujadas por el coloniaje y sus representantes locales.
Por eso, mientras luchamos por nuestra independencia y soberanía, también tenemos que luchar por revertir todas las privatizaciones. Imponer proyectos y leyes que las prohíban, además de prohibir la venta de nuestros recursos y terrenos a personas extranjeras.
Desde el pueblo que lucha por un Puerto Rico libre y soberano, para Radio Clarín de Colombia, les habló, Berta Joubert-Ceci
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