Si algo ha caracterizado a la administración de la gobernadora Jeniffer González del oficialista Partido Nuevo Progresista, es su entrega ciega, sin ningún tapujo, ni vergüenza, a los poderes neoliberales mafiosos del imperialismo yanki. Su total subordinación al criminal Trump y sus secuaces. El bienestar del pueblo no le importa en absoluto, al contrario, mientras más sufrimiento causa, más satisfacción parece producirle y proclama con bombos y platillos, su éxito como gobernadora.
Querida audiencia, en estos momentos, vivir en Puerto Rico, testigos de esta asquerosidad de gobierno, es sumamente agobiante. Pero la gobernadora es simplemente la figura visible de los intereses capitalistas tanto locales como extranjeros, de firmas corporativas que ven en nuestro archipiélago, un paraíso donde pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana con nuestros terrenos. Construir en reservas naturales o protegidas, limitar el acceso del pueblo a las playas que por ley está prohibido, destruir valores arqueológicos de nuestros ancestros, etc., etc. Y en ese proceso, desplazar comunidades enteras, comunidades pobres a las que se les niega el derecho de una vivienda digna y asequible.
Pero el gobierno actual no es más que la continuación de gobiernos anteriores que han vendido a nuestra patria, aunque más cautelosamente.
Pero veamos qué pasó esta semana. Se ha aprobado una Ley, la Ley 82 del 2026, que básicamente prohíbe el acceso a la Justicia por parte del pueblo cuando quiere impugnar un permiso de construcción que destruiría ya sea el medioambiente, o la seguridad del pueblo. Si se quiere disputar una construcción porque va en detrimento de la vida del pueblo, se tendría que pagar un 10% del valor total de la construcción para poder iniciar una demanda judicial. ¿Quiénes en el pueblo tendrían esa cantidad cuando los proyectos de construcción comienzan en más de un millón de dólares? La ley se aprobó sin vistas públicas, tildando a quienes defendemos nuestros terrenos como terroristas y mercenarios pagados que estamos en contra del supuesto desarrollo económico. La gobernadora por supuesto la firmó rápidamente.
¿Y por qué esta urgencia? Porque las últimas manifestaciones que se han convocado para protestar el robo de nuestros terrenos, han tenido una asistencia masiva. Y esto preocupa a los desarrolladores multimillonarios y por ende al gobierno, que ven en riesgo sus planes privatizadores de las tierras del pueblo.
Pero ya esta Ley está siendo criticada, protestada y se está levantando un movimiento popular para impugnar esta criminal legislación. Porque el pueblo seguirá en las calles en contra del robo de nuestra tierra.
Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló, Berta Joubert-Ceci.
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