Gobierno local arrodillado ante compaƱias de gas estadounidense

Puertorico
Hace unos años, nuestro pueblo combatió y venció la propuesta de un gasoducto desde el sur de la isla, ahora nos toca volver a las calles y frenar de una vez por todas estas órdenes abusivas. Manifestantes marchan durante una protesta el 1 de mayo de 2011 contra la propuesta de construcción de un gasoducto de 92 millas en Adjuntas, Puerto Rico.

En esta colonia, los poderes emanan del Congreso estadounidense. Ha sido así desde la invasión yanki y serÔ hasta que logremos nuestra soberanía con la independencia. Sin embargo, hasta hace poco, Puerto Rico había tenido una pequeña autonomía en cuestión de la política local y se redactaban algunas leyes para beneficiar al pueblo. Como la Ley que prohíbe la Pena de Muerte, a diferencia del gobierno Federal estadounidense que la permite. Pero ahora, los gobiernos locales, especialmente las administraciones del Partido Nuevo Progresista que de nuevo no tiene nada y menos aún de progresivismo, y que su intento es forzar la integración de Puerto Rico al imperio gringo como un estado mÔs, han abandonado totalmente su obligación de velar por el bien del pueblo.

El ejemplo mÔs reciente de esta falta y que constituye un verdadero crimen ambiental y contra la salud del pueblo por parte de la nueva gobernadora trumpista Jenniffer GonzÔlez, ha sido la firma, al estilo de su amo gringo, de una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia de la infraestructura energética donde establece un proceso rÔpido para aprobar proyectos de reconstrucción de la infraestructura basados en combustibles fósiles. Esta orden va en contra de nuestra Ley Número 17 que establece como objetivo hacer a Puerto Rico 100% sostenible en energía solar para el año 2050 y que abarataría el costo de la energía ademÔs de proteger el ambiente y la salud del pueblo.

Sin embargo, estas iniciativas impulsadas por la gobernadora, incluyen el extender por mÔs de treina años la generación por quema de carbón a una firma en el sur, prolongando el ya deteriorado estado de la salud de los habitantes de esa zona. AdemÔs, y sobre todo, para favorecer a sus benefactores gringos del sector del gas metano, ordena la activación de procesos expeditos para la reparación y construcción de plantas generadoras basadas en gas, exigiendo que se ignore cualquier requerimiento de permiso de Recursos Naturales, de Salud, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de cualquier entidad que vele por la seguridad del país y su gente. 

Para traer el gas se han roto las leyes de puerto, se han obviado los requerimientos de tamaño de barcos, y peor aún, se ha puesto en peligro las vidas de quienes habitan en las costas.

En fin, no importa el daƱo que se le haga al ambiente, a las personas, o a cualquier hallazgo arqueológico de nuestra historia, porque segĆŗn ella misma dice: ā€œlo importante es que cuando en su casa presione el botón del enchufe, la luz se enciendaā€. No importa si renglón seguido las 100 x 35 millas que mide nuestra isla grande, tambiĆ©n se prendan, exploten y dejemos de existir.Ā 

Hace unos años, nuestro pueblo combatió y venció la propuesta de un gasoducto desde el sur de la isla, ahora nos toca volver a las calles y frenar de una vez por todas estas órdenes abusivas. 

Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló, Berta Joubert-Ceci


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