El 4 de septiembre de 2022, más de 13 millones de personas que viven en Chile y chilenos y chilenas que viven en el extranjero (de un total aproximado de 15 millones de personas con derecho a voto, incluyendo a las personas migrantes) se pronunciaron sobre la propuesta de nueva Constitución para el país. Ya en marzo, las encuestas empezaron a señalar que la Constitución podría no ser aprobada. Sin embargo, los sondeos llevaban meses insinuando una reducción de la ventaja para el bando del Rechazo y un aumento para el Apruebo, por lo que los y las defensoras de la nueva Constitución seguían confiando en que su campaña lograría convencer a las grandes mayorías a desechar la Constitución de 1980, impuesta al país por la dictadura militar dirigida por el general Augusto Pinochet. La fecha definida para estas elecciones, el 4 de septiembre, coincide con la victoria electoral de Salvador Allende, en 1970. Ese día, quienes aprobaban el proyecto de nueva Constitución sugirieron que el fantasma de Pinochet – quien derrocó a Allende en un violento golpe de Estado en 1973 – sería exorcizado. No obstante, la Constitución de Pinochet sigue vigente, con el rechazo de más del 61% de las y los votantes a la nueva Constitución y sólo el 38% aprobándola.
Un par de días antes de la elección, en la comuna de Recoleta, en Santiago, el alcalde Daniel Jadue encabezó una inmensa manifestación en apoyo a la opción Apruebo. Miles de personas se reunieron en esta zona, mayoritariamente obrera, con la esperanza, como dijo Jadue, de dejar atrás la “Constitución de los abusos”. Sin embargo, eso no sucedió. Incluso en Recoleta, donde Jadue es un alcalde popular, la Constitución fue derrotada. La nueva Constitución obtuvo 23.000 votos más de los que había recibido Jadue en las últimas elecciones – una señal de que el voto de izquierda habría aumentado – pero el voto para rechazar la Constitución fue mayor, lo que significó que los nuevos y nuevas votantes tuvieron un mayor impacto en el resultado general.
El 7 de septiembre, Jadue nos dijo que se sentía “tranquilo”, que era un avance significativo que casi 5 millones de personas votaran por el cambio de Constitución y que “por primera vez tenemos en nuestras manos un proyecto constitucional que está escrito y que puede transformarse en un programa político bastante más concreto”. No hay “ni victoria definitiva ni derrota definitiva”, nos dijo Jadue. La gente no sólo reflejó en el voto su opinión sobre la Constitución, sino también sobre la situación económica (la inflación en Chile superó este mes el 14,1%) y la gestión del Gobierno al respecto. Así como en el plebiscito de 2020 para redactar una nueva Constitución jugó un rol el voto castigo para el ex presidente Sebastián Piñera, en este proceso se reflejó un voto castigo para la incapacidad del Gobierno de Boric de mejorar las condiciones materiales del pueblo. La “tranquilidad” de Jadue proviene de su confianza en que si la izquierda logra reconectar con la base social a través de un programa de acción capaz de abordar las necesidades de la gente, entonces, estos cinco millones que votaron a favor de la Constitución verán su número aumentado significativamente.
A las pocas horas de conocerse el resultado final de la votación, los analistas de todos los sectores trataron de analizar lo que era una gran derrota para el Gobierno. Francisca Fernández Droguett, miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios, escribió en un artículo para El Ciudadano que la explicación de la derrota estaba en la decisión del Gobierno de hacer esta elección obligatoria. “El voto obligatorio nos puso de frente ante un sector de la sociedad que desconocíamos en términos de sus tendencias no sólo políticas sino valóricas”. Este sector fue precisamente, el que determinó los resultados en Recoleta. Droguett señaló que había un sentimiento generalizado entre la clase política de que quienes no habían votado históricamente tendrían una “radicalidad respecto a su lectura de lo institucional”, lo que les acercaría a ciertas formas de progresismo. Quedó demostrado que no es así. La campaña por el Apruebo no priorizó temáticas económicas y laborales que son fundamentales para las personas que viven en el extremo más duro de la desigualdad social. De hecho, en las reacciones mediáticas ante los resultados – señalar y estigmatizar a los sectores empobrecidos (rotear, en chileno) atribuyéndoles la responsabilidad de la derrota – se refleja la política de mente estrecha que también se evidenció durante la campaña por el Apruebo.
El punto de Droguett sobre el voto obligatorio es compartido por todo el espectro político. Hasta 2012, el voto en Chile era obligatorio, pero la inscripción en el padrón electoral era voluntaria; luego, en 2012, con la aprobación de una reforma a la ley electoral, la inscripción se hizo automática pero el voto fue voluntario. Para una elección tan trascendente, el Gobierno decidió hacer obligatorio todo el proceso de votación para todos las personas mayores de 18 años que estuvieran habilitadas para votar, con la imposición de considerables multas para quienes no lo hicieran. El resultado fue que votó el 85,81% de las personas inscritas en el censo electoral, lo que supera con creces el 55,65% que votó en el segundo récord de participación en Chile durante las elecciones presidenciales de 2021.
Una comparación entre la segunda vuelta durante la elección presidencial de 2021 y la reciente votación del plebiscito es instructiva. En diciembre de 2021, el presidente de Chile, Gabriel Boric, al frente de la coalición de izquierda y centro-izquierda Apruebo Dignidad, obtuvo 4,6 millones de votos. La misma coalición hizo campaña a favor de la Constitución y obtuvo 4,8 millones de votos. Es decir, el voto de Apruebo Dignidad en diciembre de 2021 y el voto a favor de la nueva Constitución fueron prácticamente iguales. El oponente de Boric – José Antonio Kast – quien elogió abiertamente a Pinochet, obtuvo 3,65 millones de votos. Kast hizo campaña contra la nueva Constitución, que fue derrotada por 7,88 millones de votantes. Es decir, los votos en contra de la Constitución fueron dos veces más que los votos que Kast pudo cosechar. Esta cifra no se puede interpretar, nos dijo Jadue, como un giro a la derecha del pueblo de Chile, sino como un rechazo a todo el sistema político, incluida la Convención Constitucional.
Uno de los elementos menos comentados de la vida política en Chile – como en otras partes de América Latina – es el rápido crecimiento de las iglesias evangélicas (sobre todo pentecostales). Cerca del 20% de la población chilena se identifica como evangélica. En 2021, Kast acudió al servicio de acción de gracias de la iglesia evangélica, siendo el único político invitado al evento. Obligados a asistir a las urnas por el nuevo sistema de voto obligatorio, un amplio sector de los votantes evangélicos rechazó la propuesta de una nueva Constitución por su agenda social liberal. Jadue nos dijo que la comunidad evangélica no analizó que la nueva Constitución daba a la iglesia evangélica – por primera vez en la historia – “igualdad de trato ante la iglesia apostólica romana, porque aseguraba la libertad de culto y la igualdad de trato”.
Los que no estaban a favor de la nueva Constitución empezaron a hacer campaña justo después de que se instalara la convención Constitucional. Quienes estaban a favor de la nueva Constitución esperaron a que el borrador estuviese listo, y no concentraron la campaña en los mismos territorios en los que la iglesias evangélicas tiene influencia y donde la oposición a la Constitución era clara. La Constitución fue rechazada como expresión del creciente descontento de las y los chilenos ante la dirección general del liberalismo social que muchos – incluida la dirección del Frente Amplio – asumían como la progresión inevitable en la política del país. El distanciamiento entre los evangélicos y la centro-izquierda es evidente no sólo en Chile – donde los resultados están a la vista – sino también en Brasil, que se enfrenta a unas elecciones presidenciales de gran importancia en octubre.
Mientras tanto, dos días después de las elecciones, las y los estudiantes secundarios salieron a la calle. El lienzo que llevaban al frente de su primera marcha estaba lleno de poesía: “Ante un pueblo sin memoria, estudiantes haciendo historia: con lucha y organización”. Todo este ciclo de la nueva Constitución y del Gobierno de centro-izquierda de Boric comenzó en 2011-2013, cuando el ahora presidente y muchos de los miembros de su gabinete estaban en la universidad y comenzaban sus carreras políticas. Las y los estudiantes secundarios – que se enfrentaron a una brutal represión policial y ahora confrontan a Boric – quieren abrir un nuevo camino. Están consternados por unas elecciones que podían determinar su futuro y en las que no pudieron participar por su edad.
Este artículo fue producido para Globetrotter.
Taroa Zúñiga Silva es escritora asociada y coordinadora de medios en español de Globetrotter. Es co-editora, junto con Giordana García Sojo, del libro Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020). Forma parte del comité coordinador de Argos: Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos. También es parte de Mecha Cooperativa, un proyecto del Ejército Comunicacional de Liberación.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. También es miembro senior no-residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Sus últimos libros son Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism y The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power (con Noam Chomsky).
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