Si el Primero de Mayo arrestaron a 3 líderes de la lucha boricua por intentar llegar camino del Banco Popular, hacia la meta final: el edificio que alberga a la Junta de Control Fiscal, una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, definitivamente ha encendido la mecha de un verano de resistencia en este archipiélago.
El pasado 11 de mayo, ese Tribunal gringo reafirmó la condición colonial de este país, al negar el acceso a información de la Junta dictatorial al pueblo boricua.
Una Junta que desde su imposición en el 2016 bajo la Ley PROMESA del Congreso estadounidense, se ha convertido en el más cruel verdugo del pueblo, eliminando derechos y leyes, promoviendo la privatización y el encarecimiento de los servicios públicos, y tantos crímenes más contra la población que han causado un migración forzada de nuestra gente.
Y encima, ahora ni se les puede cuestionar bajo una supuesta Inmunidad Soberana bajo la Constitución de EUA. Pero es que para unas cosas es una entidad estadounidense donde les rigen sus leyes, pero para otras que le convienen para imponer políticas en contra del pueblo, le rigen las leyes del gobierno de Puerto Rico.
Por ejemplo, desde el 1982 el gobierno de PR no posee inmunidad en cuestión al acceso de información, así que bajo esa ley, deberíamos tener la información que requerimos.
Pero la determinación del la Corte Suprema en esta demanda puesta por el Centro de Periodismo Invesigativo a nombre del pueblo de PR no se va a quedar en el limbo. Tanto en la corte como en la calle se seguirá insistiendo hasta que saquemos a la maldita Junta.
Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Joubert-Ceci
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