Panamá ha exhibido en los últimos 20 años cifras macroeconómicas que son un encanto para los neoliberales, en particular un crecimiento sostenido del PIB basado en la acumulación privada producto de la reversión del canal a la soberanía panameña.
Pero los números que alegran a los neoliberales esconden la realidad de que este país, antes de la pandemia (2018), ya era considerado por el Banco Mundial como uno de los más desiguales de América Latina y el mundo. Según la CEPAL, a 2018, el 20% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, y el 10% por debajo de la línea de pobreza extrema. Todo ello acicateado por una precarización del empleo que lleva 40 años, en que la informalidad superaba el 40%.
Todo lo cual fue a peor en 2020, gracias a los efectos económicos de la pandemia. Los asalariados del sector privado, a 2019, eran 873,750 personas, de las cuales sólo conservaron sus empleos el 30%, en medio de la pandemia; el 37% fue despedido; y 33% (284 mil) pasaron a un limbo jurídico denominado “contratos suspendidos”. Un alto porcentaje de los cuales fue reactivado para ser despedidos inmediatamente en 2021.
Con lo cual podemos comprender el grado de descontento de la población panameña con la inflación de los precios de los combustibles, alimentos y medicinas. Pese a que en Panamá la inflación no alcanza cifras extraordinarias (como Venezuela o Argentina), y a junio de 2022 llegó al 5.2% respecto al año anterior, ese amento de los precios conduce a las familias a la desesperación dada la precariedad laboral y salarial.
La Cámara de Comercio exige al gobierno contención del gasto público, despidos y austeridad. El gobierno de Laurentino Cortizo, sin admitir el alto grado de corrupción que lo corroe, ha aceptado parte del argumento empresarial y ha decidido contener el gasto con una reducción del 10% de la planilla estatal, lo que puede significar el despido de hasta 27 mil funcionarios que se sumarían a la ya grave crisis del empleo.
En sentido contrario, las organizaciones populares, como Polo Ciudadano, y los sindicatos más avanzados, han señalado que el problema central de la administración pública y los recursos necesarios para cubrir el gasto social está en la alta evasión fiscal a la que se suma la política de exoneraciones que se hacen a los principales rubros de la economía. El problema no son los subsidios a los pobres sino los subsidios a los ricos.
El economista Juan Jované ha estimado que la evasión fiscal en Panamá, en la década de 2009 a 2019, totaliza unos 46 mil millones de dólares. Ese proceso de evasión impune ha ido creciendo de un promedio 3,000 millones de dólares por año a llegar a los 6 mil millones en 2019, donde se estima que se mantiene.
Súmese a esto la política de exoneraciones fiscales y se aprecia un paraíso para el gran capital y un infierno para las clases trabajadoras. Es más, la rebaja de los combustibles que se está exigiendo se transformará en un subsidio a los monopolios que controlan su importación y distribución, sin que haya un control a las desmedidas ganancias.
La tarea histórica: la construcción de un proyecto político alternativo popular y antineoliberal. Por eso el debate de fondo es entre dos proyectos de país:
- por un lado, lo que proponen los gremios empresariales y los partidos tradicionales, que solo hablan de corrupción sin modificar la estructura social y económica del país, pero para imponer una austeridad que pagará la clase trabajadora;
- por otro lado, lo que propone el movimiento popular, medidas que resuelvan el problema de fondo, estructural, partiendo de una reforma fiscal progresiva en la que paguen más impuestos los que más ganan, que se acabe y penalice la evasión fiscal, para empezar. Cambiar el modelo económico requiere cambiar el régimen político oligárquico y corrupto, mediante una Asamblea Constituyente originaria.
El Dr. Olmedo Beluche es sociólogo panameño, profesor de la Universidad de Panamá, militante de la organización política Polo Ciudadano.
Join the Struggle-La Lucha Telegram channel