Entre finales de abril y principios de mayo, el sur de Asia experimentó los terribles impactos del calentamiento global. Las temperaturas alcanzaron casi 50 grados Celsius (122 Fahrenheit) en algunas ciudades de la región. Esto vino acompañado de peligrosas inundaciones en el noreste de la India y en Bangladesh, ya que los ríos se desbordaron, produciendo inundaciones repentinas en lugares como Sunamganj en Sylhet, Bangladesh.
Saleemul Haq, director del Centro Internacional de Cambio Climático y Desarrollo, es de Bangladesh. Es un veterano de las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático. Cuando Haq leyó un tuit de Marianne Karlsen, copresidenta del Comité de Adaptación de la ONU, en el que decía que “se necesita más tiempo para llegar a un acuerdo”, refiriéndose a las negociaciones sobre la financiación de pérdidas y daños, tuiteó: “¡Lo único que se nos ha acabado es el tiempo! Los impactos del cambio climático ya están ocurriendo, y los pobres están sufriendo pérdidas y daños debido a las emisiones de los ricos. Hablar ya no es un sustituto aceptable de la acción (¡dinero!)”. El comentario de Karlsen se produce a la luz del lento proceso de negociación sobre la agenda de “pérdidas y daños” para la 27ª Conferencia de las Partes o COP27 que se celebrará en noviembre de 2022 en Sharm el-Sheikh, Egipto.
En 2009, en la COP15, los países desarrollados del mundo acordaron un fondo de ayuda a la adaptación de 100.000 millones de dólares anuales, que debía pagarse antes de 2020. Este fondo estaba destinado a ayudar a los países del Sur Global a cambiar su dependencia del carbono por fuentes de energía renovable y a adaptarse a las realidades de la catástrofe climática. Sin embargo, en el momento de la reunión de la COP26 de Glasgow, en noviembre de 2021, los países desarrollados no pudieron cumplir este compromiso. Los 100.000 millones de dólares pueden parecer un fondo modesto, pero es mucho menos que el “Reto de la Financiación del Clima del Trillón de Dólares”, que será necesario para garantizar una acción climática integral.
Los Estados más ricos – encabezados por Occidente – no sólo se han negado a financiar seriamente la adaptación, sino que han renegado de los acuerdos originales, como el Protocolo de Kioto (1997); el Congreso estadounidense se ha negado a ratificar este importante paso para mitigar la crisis climática. Los Estados Unidos han cambiado los objetivos de reducción de sus emisiones de metano y se ha negado a dar cuenta de la enorme producción de emisiones de carbono del ejército estadounidense.
El dinero de Alemania se destina a la guerra, no al clima
Alemania alberga la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En junio, como preludio a la COP27, la ONU celebró una conferencia en Bonn sobre el cambio climático. Las conversaciones terminaron en la acritud sobre la financiación de lo que se conoce como “pérdidas y daños”. La Unión Europea bloqueó sistemáticamente todos los debates sobre compensaciones. Eddy Pérez, de la Red de Acción por el Clima de Canadá, declaró: “Consumidos por sus estrechos intereses, los países ricos y, en particular, los países de la Unión Europea, acudieron a la Conferencia sobre el Clima de Bonn para bloquear, retrasar y socavar los esfuerzos de las personas y las comunidades en primera línea para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por los combustibles fósiles”.
Sobre la mesa está la hipocresía de países como Alemania, que dice ser líder en estas cuestiones, pero que en cambio ha estado abasteciéndose de combustibles fósiles en el extranjero y ha estado invirtiendo cada vez más fondos en su ejército. Al mismo tiempo, estos países han negado su apoyo a los países en desarrollo que se enfrentan a la devastación de las supertormentas inducidas por el clima y la subida de los mares.
Tras las recientes elecciones alemanas, se esperaba que la nueva coalición de los socialdemócratas con el Partido Verde levantara la agenda verde. Sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz ha prometido 100.000 millones de euros para el ejército, “el mayor aumento del gasto militar del país desde el final de la Guerra Fría”. También se ha comprometido a “[gastar] más del 2% del producto interior bruto del país en el ejército”. Esto significa más dinero para el ejército y menos para la mitigación del clima y la transformación ecológica.
Los militares y la catástrofe climática
El dinero que está siendo engullido por los establecimientos militares occidentales no sólo se aleja de cualquier gasto climático, sino que promueve una mayor catástrofe climática. El ejército estadounidense es el mayor contaminador institucional del planeta. El mantenimiento de sus más de 800 bases militares en todo el mundo, por ejemplo, significa que el ejército estadounidense consume 395.000 galones de petróleo al día. En 2021, los Gobiernos del mundo gastaron 2 billones de dólares en armamento, siendo los principales países los más ricos (así como los más mojigatos en el debate climático). Hay dinero para la guerra, pero no para hacer frente a la catástrofe climática.
La forma en que se han vertido las armas en el conflicto de Ucrania nos hace reflexionar a muchos. La prolongación de esa guerra ha puesto a 49 millones de personas más en riesgo de hambruna en 46 países, según el informe “Hunger Hotspots” de las agencias de Naciones Unidas, como consecuencia de las condiciones climáticas extremas y debido a los conflictos. Los conflictos y la violencia organizada fueron las principales fuentes de inseguridad alimentaria en África y Oriente Medio, concretamente en el norte de Nigeria, el centro del Sahel, el este de la República Democrática del Congo, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Siria. La guerra en Ucrania ha agravado la crisis alimentaria al hacer subir el precio de los productos agrícolas. Rusia y Ucrania representan conjuntamente alrededor del 30% del comercio mundial de trigo. Por tanto, cuanto más dure la guerra de Ucrania, más “focos de hambre” crecerán, llevando la inseguridad alimentaria más allá de África y Oriente Medio.
Aunque ya se ha celebrado una reunión de la COP en el continente africano, otra tendrá lugar a finales de este año. En primer lugar, Abiyán (Costa de Marfil) albergó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en mayo, y después Sharm el-Sheikh acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de foros importantes para que los Estados africanos pongan sobre la mesa los grandes daños causados en algunas partes del continente por la catástrofe climática.
Cuando los representantes de los países del mundo se reúnan en Sharm el-Sheikh (Egipto) en noviembre de 2022 para la COP27, escucharán a los representantes occidentales hablar del cambio climático, hacer promesas y luego hacer todo lo posible para seguir agravando la catástrofe. Lo que vimos en Bonn es un preludio de lo que será un fiasco en Sharm el-Sheikh.
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