Por Danny Glover, Resumen Latinoamericano, 5 de julio de 2021.
“Imagínese un país que desarrolla y produce sus propias vacunas contra el virus Covid-19, suficientes para cubrir a toda su población, pero no puede inocular a todos por falta de jeringas. Esta situación absurda es real y pronto la enfrentará Cuba Cuba ha ya vacunó a unos 2 millones de sus 11 millones de habitantes y espera tener el 70% de la población vacunada en agosto. Millones de agujas.
No tiene mucho sentido que un país tan avanzado en biotecnología y productos farmacéuticos tenga problemas para almacenar jeringas. Esta realidad es consecuencia de lo que constituye una guerra económica en Estados Unidos, que dificulta enormemente a Cuba la adquisición de medicinas, equipos y suministros de vendedores o transportistas que hacen negocios en Estados Unidos o con ellos. Las jeringas escasean a nivel internacional, por lo que ninguna empresa quiere involucrarse en los complicados requisitos bancarios y de licencias que impone el gobierno de Estados Unidos a las transacciones con Cuba.
La ironía es que los logros de Cuba en el cuidado de la salud son un modelo y un beneficio demostrable para el mundo entero, algo que Estados Unidos debería apoyar. Es un país que desarrolla su economía a través de la salud y la educación, proyecto que se inició hace 60 años con campañas de alfabetización y salud en zonas rurales. El sistema de salud pública de Cuba ha permitido superar a gran parte del mundo en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil y, más recientemente, estadísticas de pandemias per cápita.
Al comienzo de la pandemia, la industria biotecnológica cubana se movió rápidamente para producir tratamientos y desarrollar vacunas Covid-19. Al mismo tiempo, se han desplegado médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud cubanos en más de 40 países para combatir la pandemia en el frente, ayudando a las poblaciones pobres y necesitadas del mundo a superar lo peor de la crisis. Para Cuba, la salud no es solo un derecho de su propio pueblo; es un derecho que debe ser defendido y compartido con todos los pueblos.
Cuando los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro trazaron un nuevo rumbo para las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, había esperanzas de que el fin del embargo estaba en el horizonte. El presidente Obama se ha comprometido con el gobierno cubano a establecer relaciones diplomáticas plenas, aliviar las restricciones sobre viajes y remesas, eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y expandir las exportaciones estadounidenses al país.
Todo este avance fue deshecho por la administración Trump, que endureció las sanciones contra Cuba en medio de la pandemia. Además, presionó a los aliados de Estados Unidos en América Latina, especialmente Brasil y Bolivia, para que expulsaran a los médicos cubanos. No hay duda de que estas decisiones cuestan vidas.
El primer día del nuevo gobierno, el presidente Biden emitió una directiva de seguridad nacional en la que pedía una revisión del impacto de las sanciones en respuesta a la pandemia, con el objetivo de brindar alivio. Se reavivaron las esperanzas de una política sensata de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora, casi medio año después de la administración Biden, las políticas de «máxima presión» de la era Trump siguen vigentes. La Casa Blanca ha dejado claro que mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y con ellos, la vida cotidiana del pueblo cubano, no es una prioridad. La esperanza se está convirtiendo rápidamente en indignación entre los ciudadanos estadounidenses y cubanos que han creído en las promesas de Biden de revertir la política de amenazas, interferencia en los asuntos internos de Cuba y obstrucción del acceso a las necesidades humanas básicas de la administración Trump.
El gobierno de Biden enfrenta una presión cada vez mayor del Congreso para tomar medidas decisivas y encaminarnos hacia la paz y las relaciones amistosas con Cuba. En marzo, 80 representantes del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al presidente instándolo a revertir las políticas de la administración Trump. Más de 100 organizaciones, desde la Organización Estadounidense de Salud Pública hasta Amnistía Internacional, han realizado una solicitud similar a Biden. A nivel de base, los activistas organizaron caravanas mensuales en más de una docena de ciudades para exigir el fin del embargo. Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales recaudaron más de 400.000 dólares para enviar jeringas a Cuba.
Si los derechos humanos van a ser un pilar fundamental de la política estadounidense, como dijo recientemente un portavoz de la Casa Blanca, el embargo debe terminar. Es una política que ataca y daña indiscriminadamente a los civiles. Es una violación sistemática de los derechos humanos a gran escala.
Los elocuentes discursos del secretario de Estado Antony Blinken sobre un orden internacional basado en reglas suenan falsos cuando se trata de la política estadounidense hacia Cuba. Según el derecho internacional, el embargo estadounidense a Cuba es ilegal. Desde 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha celebrado una votación anual para adoptar una resolución que pide el fin del embargo. Cada año, Estados Unidos se encuentra aislado, ya que casi todos los países del mundo votan a favor de esta resolución. Este año no fue diferente: la votación del 23 de junio mostró a 184 naciones en contra del embargo, con solo Estados Unidos e Israel a favor.
Si realmente quiere mostrar liderazgo global, Biden debe revertir una política que aísla a Estados Unidos, no solo a Cuba. En lugar de seguir el camino beligerante de Trump, debería reanudar los esfuerzos de Obama hacia la normalización. Debe aplaudir y facilitar la promesa de Cuba de producir 100 millones de dosis de sus vacunas, que compartirá con el mundo. Mientras la pandemia continúa devastando el Sur Global, el mundo necesita la cooperación de Estados Unidos con Cuba, no la confrontación «.
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