Más de 500 personas han muerto y 4.000 han resultado heridas desde que el 15 de abril estallaron los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Grupos como el Sindicato de Médicos de Sudán temen que los combates se recrudezcan tras la evacuación de los ciudadanos extranjeros. Miles de personas ya han huido del país. Más del 69% de los hospitales de las zonas de conflicto y sus alrededores están inoperativos. Hay una grave escasez de medicinas, alimentos, agua y electricidad.
Los combates son las expresiones más recientes de una serie de convulsiones políticas desde que las masivas protestas pro-democráticas derrocaron al dictador Omar al-Bashir en abril de 2019. El jefe del Ejército, el general Abdel-Fattah Burhan, que preside la junta militar gobernante, y su adjunto y jefe de la FAR, el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, fueron miembros clave del régimen de Bashir. Las FAR se formaron a partir de las milicias janjaweed, responsables de matanzas masivas en Darfur durante el reinado de Bashir.
Burhan y Hemeti asumieron el control de facto tras la caída de Bashir y fueron responsables de la matanza de más de 100 manifestantes que exigían un Gobierno civil en una protesta-sentada en Jartum en junio de 2019. Tras ella, negociaron con los partidos de derecha de la coalición Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC, por sus siglas en inglés) e inauguraron un Gobierno de transición civil-militar en agosto.
Aunque este Gobierno tenía un primer ministro civil, Abdalla Hamdok, la defensa, la policía y la política exterior estaban bajo el control del ejército, con Burhan al frente de un “Consejo de Soberanía”. El ejército controla una parte sustancial de la economía, mientras que las FAR se han atiborrado de la riqueza mineral de Darfur.
Se suponía que el acuerdo de transición allanaría el camino a un Gobierno civil. En cambio, en octubre de 2021, Burhan y Hemeti se hicieron con el control total mediante un golpe de Estado.
A lo largo de los años transcurridos desde el Golpe, los manifestantes salieron a la calle, a menudo por centenares de miles, rechazando cualquier compromiso con la junta y exigiendo una auténtica democracia y el control civil del ejército. Las protestas fueron encabezadas por los Comités de Resistencia (RCs, por sus siglas en inglés), una red de más de 5.000 organizaciones vecinales. Las fuerzas de izquierda, incluido el Partido Comunista Sudanés, también fueron una fuerza clave. Más de 120 personas murieron en los ataques contra las manifestaciones en los meses posteriores al Golpe de octubre de 2021.
Haciendo caso omiso del sentimiento popular – contrario a cualquier negociación con la junta – la comunidad internacional (léase la ONU, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo regional) apoyó la reanudación de las conversaciones entre la junta y el FFC.
Esta negociación condujo al Acuerdo Marco, en diciembre de 2022, que debía concluir con un acuerdo político final que habría llevado a la formación de otro Gobierno conjunto con civiles el 11 de abril de 2023.
Este plan no se materializó, ya que las SAF y las FAR se enfrentaron entre sí tras discrepar sobre el plazo para la integración de las segundas en las primeras.
El Partido Comunista de Sudán ha reiterado su rechazo a cualquier compromiso con la junta. Sostiene que el apoyo internacional a otro compromiso de reparto del poder tras el Golpe de octubre sirvió para legitimar a la junta, lo que finalmente condujo a esta lucha interna.
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